La
humanidad ha venido avanzando hasta entender a los Derechos Humanos
como un todo que posibilita la libertad de pueblos y de las personas en
condiciones dignas, considerando a los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales como verdaderos derechos en condiciones de
igualdad. En este sentido, para que no se entienda a los primeros
como exigibles y a los segundos como meros postulados o utopías de la
humanidad, la necesidad de comprenderlos y aplicarlos como indivisibles e
interdependientes
Naciones
Unidas reconoce la necesidad de eliminar la dicotomía planteando que “..Todos
los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e
interdependientes; debe darse igual atención y urgente consideración a la
aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales”
De
igual forma afirma que “…
La promoción, el respeto y el disfrute de ciertos derechos humanos y libertades
fundamentales no pueden justificar la denegación de otros derechos y libertades
fundamentales”
Efectivamente
se coincide en que no existe ninguna razón que pueda justificar ni las
ejecuciones sumarias, ni las desapariciones forzadas, ni la tortura, y que es
imprescindible que existan las condiciones mínimas para una existencia
digna, como una vivienda, un sistema de salud adecuado y una
educación que promueva los valores fundamentales de la persona, al igual que
unos servicios básicos de agua potable, alcantarillado, energía,
empleo, etc.
Estos
derechos humanos están consagrados en Pactos Internacionales de Derechos
Humanos y muchos de ellos han sido suscritos por el Estado Colombiano, como son
los Convenios de la OIT, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención
sobre Derechos del Niño, El Protocolo Adicional a la Convención Americana de
derechos Humanos sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros.
Esas normas internacionales por mandato de los artículos 53,93 y 94 de la
Constitución Nacional hacen parte del derecho interno y prevalecen sobre las
demás normas, aunque la realidad nos demuestre otra cosa, ya que los
derechos humanos para su vigencia deben garantizar en primera medida los
derechos de los pueblos y el derecho al desarrollo.
Abordar los
derechos laborales y la libertad sindical desde una perspectiva de derechos
humanos, permiten tener una visión universal para atacar obstáculos
macroeconómicos que impiden el disfrute de estos derechos, como serían las
políticas de ajuste estructural impulsadas por el FMI y el Banco Mundial, que
condicionan a los Estados, justifican la dominación y niegan el desarrollo
humano, traduciéndose sus recetas, entre otras cosas, en una disminución
impresionante de los presupuestos de salud, de educación, en la reducción de
los salarios, en el recorte de servicios públicos, en más de 1.000 millones de
seres humanos viviendo en la pobreza extrema y padeciendo hambre cada día
Para
Colombia uno de los problemas estructurales de la Paz es la exclusión social
que violenta a millones de colombianos. Para 1995 con una población estimada en
39 millones, se encontraban bajo la línea de pobreza 22 millones, de los cuales
7 millones eran indigentes. Si tomamos la estratificación socioeconómica
realizada por el Estado tenemos que son pobres el 80% de los colombianos
(estratos 1,2 y 3), un 13% pertenece a la clase media (estrato 4) y el 7%
restante pertenece a la clase alta (estrato 5 y 6).
En
el país se ha entronizado una política de violación de los derechos
humanos que se afianza en la impunidad sobre los perpetradores. En 1998 la
Defensoría del Pueblo recibió 65.686 peticiones de la población para que se le
defendiera o protegieran sus derechos. Esta misma entidad
reporto 288 masacres en 1997 y 235 en 1988, y de enero a abril de 1999 75
masacres, es decir que se cometen para este año en curso un promedio de dos
masacres cada tres días. Las desapariciones forzadas siguen en promedio una
cada tres días, la Oficina Colombia de la Alta Comisionada de Derechos Humanos
de Naciones Unidas reporto 51 denuncias directas por esta violación. La
Defensoría del Pueblo para Antioquia, reveló que durante 1998 hubo 268 casos de
desapariciones forzadas en ese Departamento. Las tortura
sigue siendo una práctica diaria sobre los detenidos. Los homicidios siguen en
un promedio de 100 diarios de los cuales 10 tienen motivaciones políticas.
Mueren diariamente en forma violenta 12 niños, de los cuales 5 son asesinados y
uno se suicida. Según la CIDH solamente en el Departamento de Córdoba los
indígenas desplazados son 10.000. Según CODHES en el primer
trimestre de 1998 se registraron 148.000 desplazados. En 1998
hubo según el Grupo de Apoyo a Desplazados GAD 308.000 desplazados .
Tomando
las cifras que acoge la Comisión Interamericana en el Tercer Informe sobre
Colombia aprobado en febrero de 1999 por la OEA, tenemos que: el 57%
(23.940.000 personas) de la población no tiene acceso a servicios sanitarios y
73% (30.660.000 personas) de la población no tiene agua potable;
el índice de mortalidad infantil es más del doble que en el resto de la región ; al 10% más rico de la población le corresponde tan sólo el 1%
del total del consumo, mientras el 10% más rico de la población recibe el 46,9%; El desempleo abierto alcanza el 20% de la población
económicamente activa; los trabajadores informales ya pasan del 60%; según el
DANE hay 2.500.000 niños trabajadores; hay un déficit de 3.800.000 viviendas.
Estas
cifras que encierran un profundo drama humano nos muestran la injusticia que
vive Colombia, y en forma macabra como han ido de la mano: el crecimiento
económico, la guerra sucia, la concentración de la
riqueza y del ingreso y por ende la concentración del poder
político.
Por.
Iván Darío Cárdenas Gómez
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